Ciudad Altamira, Tamps.- En medio de un incremento sostenido de conductas de riesgo entre motociclistas, la Delegación de Tránsito y Vialidad de Altamira ha intensificado la aplicación de sanciones administrativas y la detención de unidades que incumplen con la normativa vigente. Así lo dio a conocer el delegado Santiago Cerecedo Maya, quien reconoció que, pese a los constantes llamados preventivos, persiste una resistencia significativa al cumplimiento de medidas básicas de seguridad.

El funcionario explicó que los operativos recientes han derivado en acciones concretas, particularmente en horarios nocturnos, donde se ha detectado una mayor incidencia de infracciones. “Estamos infraccionando y realizando operativos. Anoche, en este punto, calle Hidalgo y Capitán Pérez, se detuvieron dos motocicletas por falta de casco”, señaló. Añadió que, además de la omisión del equipo de protección, los conductores incurrían en otras faltas graves: “Circulaban en la noche, en exceso de velocidad y con ruido excesivo”.

Uno de los factores que agrava la situación, subrayó, es la circulación de motocicletas sin documentación. “El no traer ningún documento con la motocicleta implica la detención del vehículo”, afirmó, al tiempo que advirtió que esta medida no es discrecional, sino parte del protocolo establecido para garantizar la legalidad y seguridad en la vía pública.

Cerecedo Maya insistió en que el uso del casco no es una recomendación, sino una obligación legal orientada a preservar la integridad de los propios conductores y sus acompañantes. “Hay quienes aún no entienden que es por su seguridad que deben portar el casco y no subir más de dos personas a la motocicleta”, puntualizó. En ese sentido, remarcó que los operativos continuarán, aunque reconoció limitaciones operativas que impiden una vigilancia permanente.

“Seguimos con inspecciones, revisiones y recorridos, deteniendo al motociclista cuando es posible”, explicó. Sin embargo, admitió que en ciertos casos no se puede proceder de manera directa: “No siempre es recomendable perseguirlos, porque podríamos ocasionar un problema mayor. Hay quienes se dan a la fuga”.

Por otra parte, en los últimos meses, el uso de patinetas eléctricas ha comenzado a generar nuevos desafíos para la autoridad vial. De acuerdo con el delegado, estos vehículos también están sujetos al reglamento de tránsito. “Son de dos ruedas y deben conocer las medidas de seguridad vial. Todos los vehículos que circulan por la vía pública, sean de dos o cuatro ruedas, están regulados”, explicó.

El problema, sin embargo, radica en la falta de cultura vial. “Desafortunadamente hay quienes ignoran estas reglas, por lo que necesitamos una difusión más constante para que se abstengan de circular en vías de alta velocidad”, sostuvo. Este señalamiento revela un enfoque institucional que no solo prioriza la sanción, sino también la prevención mediante campañas informativas.

En cuanto a la frecuencia de las detenciones, Cerecedo Maya indicó que no se trata de un operativo sistemático. “No son muchas detenciones; es esporádico, dependiendo de dónde los encontramos”, dijo. Esta irregularidad responde, según explicó, a la carga operativa de la corporación. “No tenemos un operativo permanente para revisar motocicletas, porque atendemos otras actividades. Lo ideal sería contar con una vigilancia constante”.

En materia de sanciones, el delegado detalló que actualmente las infracciones por estas conductas alcanzan hasta las 10 Unidades de Medida y Actualización (UMA). No obstante, adelantó que el monto podría incrementarse en el corto plazo. “Con el nuevo reglamento, que ya está aprobado, las sanciones van a aumentar. Estamos en proceso de adecuar el sistema de boletas y cobro”, informó.

Este ajuste normativo responde a una estrategia más amplia orientada a disuadir conductas de riesgo y reforzar el cumplimiento de la ley. Debido al crecimiento del parque vehicular de motocicletas ha sido acelerado, las autoridades enfrentan el reto de equilibrar movilidad y seguridad.

Cabe precisar que la tolerancia hacia las infracciones se reduce en la medida en que aumentan los riesgos para la población. Sin embargo, el propio delegado reconoce que la efectividad de estas acciones dependerá no solo de la capacidad operativa de la autoridad, sino también del grado de conciencia social.

“La finalidad es garantizar la seguridad vial”, reiteró Cerecedo Maya, en una declaración que sintetiza el eje central de la política pública en la materia. La reducción de accidentes, el control del exceso de velocidad y la disminución del ruido en la vía pública forman parte de una agenda que, aunque enfrenta limitaciones, busca consolidarse mediante la aplicación de la ley y la corresponsabilidad ciudadana.