ILUSIÓN PUNITIVA: BALAS VS. MERCADO

Durante casi dos décadas, México ha ensayado una acción de guerra. Desde que el entonces presidente Felipe Calderón (2006-2012) desplegó a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, el discurso oficial se ancló en una premisa simple y seductora: confrontar directamente al crimen organizado hasta desmantelarlo. El resultado, sin embargo, no fue la erradicación de las estructuras criminales, sino su mutación.

Las cifras —más allá del vaivén sexenal— mostraron un fenómeno constante: fragmentación de cárteles, diversificación delictiva y expansión territorial. Donde antes operaba una organización vertical, surgieron células más pequeñas, violentas y necesitadas de nuevas fuentes de financiamiento. El secuestro, la extorsión y la trata no crecieron por generación espontánea; fueron la consecuencia económica de un mercado ilícito presionado por el Estado, pero nunca desmantelado en su raíz: el consumo.

El crimen organizado no subsiste por su capacidad de fuego, sino por su capacidad de facturación. Mientras exista demanda, habrá oferta. Y mientras la oferta sea ilegal, el margen de ganancia será extraordinario. En términos jurídicos, el Estado ha perseguido la manifestación del delito sin modificar el incentivo estructural que lo sostiene. La confrontación frontal, convertida en dogma, ha sido un ejercicio de poder punitivo sin política criminal integral.

La paradoja es brutal: se declara la guerra a las organizaciones, pero se deja intacto el mercado que las nutre. No se combate la adicción como problema de salud pública; se combate al adicto como eslabón visible del desorden social. No se desmonta la corrupción policial que permite el flujo de mercancía ilícita; se militariza la calle. Mientras que la respuesta ha sido reactiva, no preventiva; simbólica, no estructural.

El derecho penal actual advierte que la pena no puede sustituir a la política social. Sin embargo, México apostó por el endurecimiento normativo y la expansión de tipos penales, mientras la desigualdad, la desintegración familiar y el abandono educativo siguieron operando como fábricas silenciosas de vulnerabilidad.

LEGALIZAR PARA DEBILITAR: LA DISCUSIÓN PROHIBIDA

La propuesta de legalizar la marihuana no es una excentricidad ideológica, sino un debate jurídico pendiente. Países y entidades federativas han optado por regular el cannabis como estrategia para arrebatarle al mercado negro una de sus principales fuentes de ingreso. La lógica es económica antes que moral: reducir el margen de ganancia ilícita.

En México, la Suprema Corte ha reconocido en diversas resoluciones el derecho al libre desarrollo de la personalidad en relación con el consumo lúdico de cannabis. No obstante, el Congreso ha postergado una regulación integral. El vacío normativo mantiene viva la renta criminal. La pregunta incómoda persiste: si el alcohol y el tabaco —responsables de miles de muertes anuales— son legales, ¿por qué la marihuana continúa siendo el eje de una prohibición que beneficia a intermediarios ilegales?

El argumento de que la legalización incrementaría el consumo carece de evidencia concluyente en los contextos comparados. En cambio, sí existe evidencia de que la prohibición absoluta encarece el producto, fomenta la corrupción y alimenta estructuras clandestinas. Desde una perspectiva de política criminal, regular no implica promover; implica controlar.

Legalizar el cannabis no erradicaría el crimen organizado, pero sí podría debilitarlo en un segmento específico de su economía. Menos rentabilidad en el mercado ilícito significa menor capacidad para financiar otras actividades delictivas. Y, sobre todo, permitiría reorientar recursos públicos hacia prevención, tratamiento y educación.

El problema es que la discusión se ha contaminado de moralismo. Se equipara regulación con permisividad, como si el derecho penal estuviera diseñado para imponer virtudes privadas. El Estado no puede ni debe erigirse en tutor moral absoluto; su función es garantizar derechos y reducir daños sociales.

ADOCTRINAMIENTO Y SUMISIÓN

Pero la raíz es más profunda que el mercado de drogas. El crimen organizado prospera en sociedades emocionalmente fracturadas. La desintegración familiar, la ausencia de comunicación afectiva y la sustitución del diálogo por pantallas (teléfonos inteligentes) no son anécdotas generacionales; son condiciones estructurales que modelan conductas.

El sistema educativo, lejos de ser un espacio de emancipación, suele reproducir esquemas de obediencia. Se prioriza la memorización sobre la reflexión, la disciplina sobre el pensamiento crítico. La ética y la filosofía aparecen como asignaturas marginales, cuando deberían ser ejes transversales. Una sociedad que no aprende a cuestionar, aprende a obedecer.

El experimento de Philip Zimbardo en la Universidad de Stanford demostró cómo el entorno y los roles pueden moldear conductas hasta extremos insospechados. La conclusión en 1971 fue que el contexto importa tanto como la predisposición individual. Si el entorno social normaliza la violencia, la corrupción o la sumisión, los individuos tienden a adaptarse.

Desde la criminología, el análisis endógeno y exógeno del delito revela que no basta con mirar la psique individual; hay que examinar el entorno. El consumo de alcohol, por ejemplo, es legal y culturalmente aceptado, pese a su impacto en accidentes y violencia. El tabaco, regulado, sigue generando enfermedades mortales. Sin embargo, la respuesta estatal no es prohibirlos, sino regularlos y advertir riesgos.

¿Por qué entonces el discurso sobre drogas ilegales se construye desde el castigo y no desde la educación emocional? El artículo 3° constitucional habla de desarrollo integral,

pero en la práctica la inteligencia emocional es una asignatura pendiente. Muchos docentes carecen de formación para integrar ética y reflexión crítica en sus clases. El resultado es una ciudadanía técnica, pero no necesariamente consciente.

Una sociedad que no dialoga en casa, que no cuestiona en la escuela y que no encuentra oportunidades reales en el mercado laboral es terreno fértil para el reclutamiento criminal. No se trata de justificar al delincuente, sino de comprender el ecosistema que lo produce. El derecho penal actúa cuando el daño ya ocurrió; la política educativa puede impedir que ocurra.

La confrontación directa sin reforma social es, en el mejor de los casos, un paliativo; en el peor, un catalizador de violencia. Combatir el crimen organizado exige algo más incómodo que operativos: exige revisar el modelo educativo, fortalecer la familia como primer núcleo de socialización y abrir debates jurídicos que la clase política ha evitado por cálculo electoral.

La guerra contra el crimen no se pierde en los enfrentamientos; se pierde cuando el Estado renuncia a formar ciudadanos críticos y emocionalmente estables. Si la ética y la filosofía regresaran al centro del aprendizaje, si la legalización inteligente sustituirá la prohibición lucrativa, y si la familia recupera su espacio de comunicación, el crimen organizado encontraría menos mercado y menos cantera humana.

No se trata de ingenuidad pacifista. Se trata de entender que ninguna organización criminal puede sobrevivir sin consumidores, sin complicidades y sin contextos de vulnerabilidad. La verdadera confrontación no es con fusiles, sino con estructuras sociales. Y esa batalla, hasta ahora, el Estado no ha querido darla.

Nos vemos en la siguiente entrega mi correo electrónico es agustin@noticiaspc.com.mx

* El Autor es Master en Ciencias Administrativas con especialidad en relaciones industriales, Licenciado en Administración de Empresas, Licenciado en Seguridad Pública, Periodista investigador independiente y catedrático.