*-Con investigacipones profundas y sin sesgos partidistas se frenaría corrupción e impunidad.

Ciudad Victoria Tamaulipas.-El combate a la corrupción en Tamaulipas debe dejar de ser un discurso y convertirse en una política efectiva de rendición de cuentas. En ese sentido, Cendy Robles Méndez, comisionada Política Nacional de Asuntos Electorales del Partido del Trabajo (PT), se pronunció por la aplicación del denominado “Operativo Enjambre” como una herramienta para revisar a fondo el actuar de los servidores públicos en la entidad.

La dirigente petista sostuvo que las prácticas de impunidad han minado la confianza ciudadana y que, frente a este escenario, las investigaciones deben realizarse sin excepciones ni privilegios, independientemente del cargo o la filiación política de los funcionarios involucrados.

“No se puede seguir tapando el sol con un dedo. Si hay irregularidades, deben investigarse y sancionarse conforme a la ley”, expresó.

Robles Méndez enfatizó que la llegada de un nuevo fiscal anticorrupción representa una oportunidad para fortalecer las acciones institucionales, siempre que exista autonomía y voluntad real para actuar.

“El que nada debe, nada teme. Si hay funcionarios que tengan cuentas pendientes, que se investigue y que se castigue a quien se tenga que castigar”, subrayó.

La comisionada consideró que la aplicación del “Operativo Enjambre” debe iniciar en los municipios donde se concentran mayores señalamientos ciudadanos y donde la inseguridad ha profundizado las problemáticas sociales.

“Hay ciudades donde el reclamo social es más fuerte y donde la gente exige respuestas claras, no simulaciones”, sostuvo.

Como uno de los casos más sensibles, mencionó a Reynosa, municipio que enfrenta desde hace años una crisis por la desaparición de personas, situación que mantiene a miles de familias en la incertidumbre.

“No solo se trata de seguridad, se trata de sensibilidad, transparencia y compromiso real con las familias que siguen esperando justicia”, afirmó.

Finalmente, Robles Méndez reiteró que la exigencia de rendición de cuentas debe alcanzar por igual a alcaldes, diputados, regidores y funcionarios públicos de todos los niveles.

“Quien administra recursos públicos tiene la obligación de dar la cara y explicar con claridad cómo y en qué se gasta el dinero de la gente”, puntualizó.